domingo, 13 de enero de 2013

P.J. Ramirez La Estirpe de Barrabas


La estirpe de Barrabás

El problema está en que en el PSOe no existe la vocación de servicio público, sólo la vocación de saquear los Presupuestos Generales del EstadoDesde que existe la exégesis del Nuevo Testamento el perdón de Barrabás es motivo de intenso debate entre los especialistas. ¿De qué delito estaba acusado el hombre cuya salvación selló la sentencia de muerte de Jesús? Como si se tratara de cuatro periódicos describiendo asuntos que les conciernen, cada Evangelio da una versión diferente de los mismos hechos. 

San Marcos (XV, 7) dice que Barrabás «estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato». Esto se ha interpretado como que era un revolucionario de la secta de los zelotes que luchaban contra Roma por la independencia de Judea. Podía ser un ideólogo o un activista. Sus manos no estaban manchadas de sangre, pero las de sus compañeros sí. 

San Lucas (XXIII, 19) sí que le atribuye en cambio una actividad criminal: «Había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato». Es decir que además de haber instado a la sublevación, habría practicado personalmente el terrorismo. 

San Juan (XVIII, 40) da sin embargo un giro copernicano: «Barrabás era un salteador». Es la versión que asumió Hollywood para presentarle como el jefe de una banda de ladrones de caravanas -interpretado por Anthony Quinn- cuya vida quedaría marcada por la muerte de Cristo. 

San Mateo (XXVII, 16) abre aún más el abanico, poniendo el acento en su notoriedad: «Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás». Era algo así como una celebrity entre rejas, aunque no se nos dice a qué debía esa fama. 

¿Cómo conciliar estas cuatro versiones que tienen el denominador común de que los sumos sacerdotes maniobraron en favor del acusado hasta conseguir su libertad sin cargos? El original teólogo argentino Ariel Álvarez Valdés intentó hacerlo, buscando concienzudamente pistas culturales o lingüísticas. Después de múltiples investigaciones, llegó a la asombrosa conclusión de que Barrabás era un auriga (por eso era famoso), que competía en las carreras de cuadrigas que se celebraban en Jerusalén durante la Pascua (en griego se usa la palabra stasi tanto para hablar de un motín como de un evento deportivo). El asesinato se habría producido cuando unos espectadores revoltosos empujaron a otro bajo las ruedas del carro de Barrabás, quien habría sido encarcelado por su implicación en los hechos hasta que con su habilidad y carisma logró robar la voluntad de la plebe (de ahí lo de «ladrón» en el sentido de la canción de Julio Iglesias: «Es un truhan, es un ladrón…») y obtener la libertad a costa de la de Jesucristo. 

Esta obsesión de Álvarez Valdés por solucionar enigmas bíblicos mediante explicaciones racionales no podía terminar bien y en 2009 renunció al sacerdocio después de que el Vaticano le prohibiera cuestionar en sus clases la virginidad de María durante el parto, la existencia del Diluvio o las propias apariciones marianas. Con la ventaja de no correr ese riesgo de ser suspendido en un magisterio que no ejerzo, creo tener una solución al misterio que tantos quebraderos de cabeza ocasionó al teólogo argentino, mucho más sencilla que la del auriga: Barrabás era un político español. 

Lo bueno de mi tesis es que sirve igual si estaba condenado por asesinato como Elorriaga y el general Galindo, por secuestro como Barrionuevo y Vera, por malversación como Munar, Nadal, Hormaechea o Matas o por financiación ilegal como los de los casos Filesa, Treball o Pallerols. Sirve igual si estaba imputado como Blanco, Blasco, Baltar, Fabra, Dany Fernández, el alcalde de Sabadell, los de los ERE, los de Brugal o los del Palau. Sirve igual si sobre él pesaban sospechas tan fundadas como las que pesan sobre las familias Chaves, Gil o Pujol. Barrabás era un político español porque estaba claro que, pasara lo que pasara, hubiera hecho lo que hubiera hecho, iba a irse de rositas. 

De hecho, la próxima vez que vea al ministro Gallardón pienso proponerle que en ese Código Procesal Penal tan chulo que prepara, se ahorre todos los líos que suponen regular los aforamientos, el cómputo de la prescripción, los requisitos para las sentencias de conformidad, los atenuantes por amenazas de revelar delitos o los trámites para las concesiones de indultos y subsuma todas esas vías de escape en una única Disposición Adicional que sirva de ómnibus para todos los supuestos. Le ofrezco incluso su escueta redacción: «Las causas por corrupción abiertas contra políticos españoles se dirimirán en todo caso durante la Semana Santa en el transcurso de la representación de la Pasión que tenga lugar en el partido judicial más cercano al lugar de la instrucción. En el momento teatral oportuno comparecerá el acusado y, en su presencia, el vecino que interprete el papel de Poncio Pilatos preguntará a los asistentes: '¿Perdonáis a Barrabás?'. A efectos de alcanzar un veredicto sólo se computarán los votos de los militantes del partido afectado, así como los de los contratados por la Administración en la que hubiera ocupado un cargo el acusado. La decisión no será recurrible en casación». 

Soy consciente de que en el trámite parlamentario, quizá en el último momento en el Senado, se presentarán enmiendas destinadas a extender este régimen especial a otros colectivos y, como más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo, anticipo que estaría dispuesto a admitir que se aplicara también a estos cuatro tipos de individuos: 1) Amigos del Rey cuyos nombres y apellidos empiecen por la letra A. 2) Familiares del Rey cuyos apellidos empiecen por la letra U. 3) Padres, madres, esposas e hijos de dirigentes nacionalistas catalanes con cuentas en Suiza. 4) Banqueros de postín y directivos de cajas de ahorros, siempre y cuando hayan sido nombrados o respaldados por la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 Todos ellos se beneficiarían así, fuera cual fuera el estado de sus respectivos procesos, de una absolución automática que se escenificaría ritualmente una vez al año en los cuatro puntos cardinales de España, reforzando el atractivo turístico de nuestra tradicional Semana Santa. La ceremonia no se apartaría ni un ápice del espíritu cristiano que en definitiva conmemora el sacrificio de la verdad, la inocencia y la justicia, encarnadas por el Salvador, en el Gólgota de la corrupción humana. Este mecanismo tendría además la ventaja de resolver el overbooking de políticos incursos en procedimientos penales: si tenemos 300 imputados y, en vez de nuevos juzgados se promueven más representaciones de la Pasión hasta llegar al centenar, en tres años nos pondríamos al día. 

A cambio de la creación de esta nueva jurisdicción especial, sólo plantearía dos cláusulas de estilo que, una vez cercenada la otra, permitieran al menos preservar una cierta apariencia de justicia poética. En primer lugar, los que vayan a verse beneficiados deberán concurrir acompañados siempre del secretario general o presidente de su partido; y al público, con voz pero sin voto, se le permitirá introducir en el recinto huevos podridos, mondas de naranja, tomates maduros o cualquier otro proyectil fláccido y fungible. Sólo en el caso de que tras lanzar los susodichos objetos inocuos alguien tratara de recurrir a otros más consistentes o de asaltar el escenario, el centurión romano de servicio procedería a ordenar a sus legionarios la correspondiente carga y desalojo. 

En segundo lugar, y esto puede parecer muy delicado, en el momento en que entrara en vigor la nueva ley, la clase política en su conjunto dejaría de ser denominada mediante eufemismos cursis o neumáticos -la «casta», la «clase extractiva»…- y pasaría a ser oficialmente identificada como la estirpe de Barrabás, con el mismo ánimo peyorativo con que algunos antisemistas detestables emplearon la expresión contra el pueblo judío, sólo que en este caso con plena justificación y fundamento. Ya que hay uno o varios colectivos que en la práctica están inexorablemente por encima de la ley, hagámoslo normal en la calle -consumando así el viaje de regreso de aquellas ilusiones alentadas hace 37 años- y regulemos el ejercicio del derecho al pataleo que es el único que le queda ya a la ciudadanía. El Duran Lleida ese no dimitirá, pero anda que lo vamos a poner como a un ceomo… 

Comprendo que llegados a este punto argumental se levanten unas cuantas manos -la primera la de Mariano Rajoy- alegando que la mayoría de los políticos son personas honradas, responsables y dignas de respeto que dedican sus vidas al servicio público con gran empeño y escasa remuneración. Yo también conozco a muchos de esos y desde luego tranquiliza saber que sobre ninguno de los últimos tres jefes del Gobierno de España pesa sospecha de corrupción alguna. Pero no estamos hablando de los individuos sino del grupo: de uno en uno pueden resultar no sólo intachables sino hasta interesantes y divertidos pero, cuando actúan en manada, por donde pasan no crece la hierba. 
Desde que fundamos este periódico hace ya casi un cuarto de siglo no hemos dejado de repetir que los problemas de nuestra democracia proceden de unas deficientes reglas del juego y exigen reformas regeneradoras. Pocos fenómenos desmoralizan tanto a la opinión pública como la sistemática impunidad de esa minoría de políticos corruptos que, como demuestra inapelablemente la casuística, obtienen un trato privilegiado de los tribunales y resultan siempre protegidos por los suyos. 

Lo bueno de los ejemplos bíblicos es que emiten ese halo mágico que tiene la reiteración de lo inexorable. Tantas veces como Abraham levante el cuchillo sobre el torso desnudo de Isaac, otras tantas detendrá su brazo el ángel. Por eso he invocado el precedente de Barrabás y pido disculpas si algún lector piensa que trivializo lo sagrado. Si hubiera que ceñirse al repertorio de instrumentos legales ahora mismo en fase de estudio, además por supuesto de exigir al PP que cumpla su programa y devuelva a los jueces la potestad de nombrar a sus representantes en el CGPJ, yo les pediría a Luis de Guindos y al joven Legaz que, antes que a los arquitectos o las farmacéuticas, incluyan a los políticos en su atractivo proyecto de Liberalización de los Servicios Profesionales. Porque no hay en España una closed shop más hermética que la que se han montado sus congéneres, empezando por las listas cerradas y bloqueadas, siguiendo por la clamorosa ausencia de democracia interna en los partidos y terminando por un sistema de financiación pública que permite incluso devolver con cargo al erario lo robado impunemente. 

El Rey dijo dos grandes verdades durante el simulacro de entrevista que le hizo TVE con motivo de su 75 cumpleaños: que «nos falta la vertebración del Estado» y que «queda mucho camino por recorrer» hasta obtener «la igualdad entre los españoles». Siendo la igualdad un concepto discutido y discutible, que diría el otro, nadie pone en duda que el primer ámbito en el que tiene que regir es en el de la Justicia y que, como el propio Don Juan Carlos planteó oportunamente en la Nochebuena de 2011, en una sociedad abierta no hay mejor maestra que la «ejemplaridad». Así que ya dirá Vuess-tra… Majess-tadd por cuál barrabasada empezamos.

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